martes, 8 de mayo de 2012

Grupos cristianos piden no “estigmatizar a los extranjeros” y que la sanidad llegue “a todas las personas que lo necesiten”


Las reformas que propone el Ejecutivo de Mariano Rajoy están siendo contestadas en la calle y también desde muchas organizaciones sociales. En el caso concreto de la modificación de la Ley de Extranjería que propone el Gobierno, tal como advertíamos el pasado 23 de abril, con esta medida más de medio millón de inmigrantes que están en situación irregular perderán la cobertura sanitaria.

Ante esta situación, la Plataforma de Entidades Cristianas con los Inmigrantes ha pedido este jueves, 3 de mayo, al Gobierno que rectifique su decisión de dejar sin asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular y que continúe ofreciendo asistencia médica “a todas las personas que lo necesiten”.

Cáritas, Cristianismo y Justicia, la Unión de Religiosos de Cataluña, Bayt-al-Thaqafa, la pastoral obrera de Barcelona y otras veinticinco entidades que integran la plataforma han hecho público un manifiesto en el que dicen comprender “la exigencia de reducir el déficit público”, pero entienden que “existen otras políticas que pueden obtener los mismos resultados”.

El manifiesto, que también ha suscrito la parroquia de Santa María del Pí, el grupo de Juristas Roda Ventura y la Juventud Obrera Católica, considera de “dudosa constitucionalidad” y “una grave e inaceptable involución en materia de derechos humanos” la modificación legislativa que sólo mantendrá la sanidad para inmigrantes sin papeles para casos de urgencia y embarazos.

“Estigmatización de los extranjeros”

Las entidades cristianas recuerdan que la asistencia médica está reconocida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que dejar sin ella a una persona “pone también en peligro su derecho a la vida y es un desprecio a su dignidad humana”.

“Al mismo tiempo comportará un factor de inseguridad y exclusión social para estos colectivos, hecho que se añade a la creciente precariedad que ya sufren, enviando un mensaje populista y muy peligroso de estigmatización de los extranjeros”, critica el manifiesto.
Para las entidades, “esta medida no se puede justificar por la intención de reducir el déficit público porque el ahorro económico que representa en el conjunto del presupuesto sanitario es mínimo”.

No prestar asistencia médica oportuna “generará posteriormente un coste económico superior, cuando muchas patologías acaben derivando en enfermedad grave”, concluyen.

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